Propone UDC castigar la violencia obstétrica
El grupo parlamentario de Unidad Democrática de Coahuila propuso la adición al artículo 244 Bis y la modificación del artículo 245 del Código Penal para castigar de tres a seis años de prisión y multa el ejercicio de la violencia obstétrica. La iniciativa fue turnada a comisiones.
La violencia obstétrica se define como acto u omisión impida u obstaculice la atención oportuna y eficaz en el embarazo, parto o puerperio o en emergencias obstétricas o altere sus procesos reproductivos sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer, generando como consecuencia la pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre su cuerpo, reproducción y sexualidad.
La propuesta presentada por la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares destaca en el artículo 245 que con las modalidades agravantes por violencia o aprovechamiento en los delitos previstos en los artículos 240 a 244 Bis del Código se aumentará en una tercera parte el mínimo y el máximo de las penas señaladas para los delitos previstos en los artículos 240, 241, 242 y 244 Bis cuando se realicen mediante violencia física, psicológica o moral contra la víctima o terceras personas, o aprovechándose de la ignorancia o pobreza extrema de la víctima.
En ella se explica que los delitos previstos en los artículos 243 y 244 se aumentará la pena en una tercera parte el mínimo y el máximo de las penas señaladas en esos artículos, en el supuesto de que el delito se realice con violencia física, psicológica o moral, aprovechándose de la ignorancia, extrema pobreza o cualquier otra circunstancia que hiciera vulnerable a la víctima, además, se impondrá la suspensión para ejercer la profesión o, en caso de servidores públicos, la inhabilitación para el desempeño del empleo, cargo o comisión públicos, por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta, así como la destitución.
La legisladora destacó que de acuerdo con la Comisión de Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el fenómeno de la violencia obstétrica y hace visible la situación que en ocasiones experimentan las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio en las instituciones de salud, para contribuir en la identificación y eliminación de toda práctica que genere violaciones a los derechos humanos de las mujeres en el contexto de la atención obstétrica.
Destacó que de acuerdo Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2016 (ENDIREH 2016 en los últimos 5 años, 33.4% de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto, sufrió algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron en el mismo.
Entre otros datos que arroja la referida encuesta, dentro del rubro de situaciones que experimentaron las mujeres al ser atendidas durante el último parto, encontramos los datos siguientes: a) le colocaron algún método anticonceptivo o la operaron o esterilizaron para ya no tener hijos(as) sin preguntarle o avisarle (4.2%); b) se negaron a anestesiarla o a aplicarle un bloqueo para disminuir el dolor, sin darle explicaciones (4.8%); c) le dijeron cosas ofensivas o humillantes (7.0%); d) la obligaron a permanecer en una posición incómoda o molesta (9.2%); f) la presionaron para que aceptara que le pusieran un dispositivo o la operaran para ya no tener hijos (9.2%); g) la ignoraban cuando preguntaba cosas sobre su parto o sobre su bebé (9.9%); h) se tardaron mucho tiempo en atenderla porque le dijeron que estaba gritando o quejándose mucho (10.3%); i) le gritaron o la regañaron (11.2%).
Asimismo, de las 3.7 millones de mujeres que tuvieron cesárea el 10.3% no fue informada de la razón de la misma, y el 9.7% no le pidieron su autorización para realizarla.
Estos datos revelan también revelan que el estado de Coahuila se encuentra en el sector de mayor proporción (de 36.0 a 39.5) de maltrato en la atención obstétrica en todo el país.
La propuesta legislativa, destacó Guerrero Cázares, busca prevenir, atender y erradicar la violencia obstétrica que se vive en el estado de Coahuila pero también apelamos a medidas administrativas y políticas públicas que atiendan los problemas estructurales que subyacen en la perpetuación de dicha práctica y que, por lo tanto, refuercen el marco normativo y de derechos humanos para la atención obstétrica