PIDE UDC REGRESAR LA OFICINA DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL A ACUÑA. POR UNA UNANIMIDAD CONGRESO RESPALDA LA SOLICITUD
El Pleno del Congreso el Estado aprobó de forma unánime solicitar a la Fiscalía General de la República y al Delegado del Gobierno Federal en Coahuila garanticen el acceso a la justicia de los habitantes de Acuña reinstalando las oficinas del Ministerio Público Federal en dicho Municipio.
El coordinador de los Diputados de Unidad Democrática de Coahuila (UDC), Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor destacó que Acuña es un municipio que fortalece el desarrollo económico para Coahuila y México a través del comercio, el turismo y la industria.
Refirió que mover las oficinas del Ministerio Público Federal de Acuña y a Piedras Negras es un hecho a todas luces preocupante porque abarca dos temas determinantes para la sociedad acúñense: Seguridad y justicia.
“Es inaudito que el acceso a la justicia se vea limitado a miles de kilómetros de distancia sin entender y conocer el contexto social, de justicia y seguridad de Acuña y Coahuila”, expuso.
En ese contexto destacó el legislador es irresponsable que los ciudadanos, inversionistas y visitantes no puedan contar con el derecho de un ministerio público federal.
De acuerdo con el gremio de abogados de Acuña refirió esta decisión federal retrocede 40 años la garantía y el acceso a la justicia, ya que sería la única frontera que no contaría con Ministerio Público Federal, lo que sumado al hecho de no contar con Policía Federal en activo podría incrementar los delitos de alto impacto y entorpecer la procuración de justicia.
Lamentó la decisión del gobierno federal de trasladar las oficinas a Piedras Negras, decisión que afecta a los ciudadanos que tienen trámites y a los abogados.
“Cada vez resulta más recurrente el que las autoridades federales tomen acciones para disminuir servicios del gobierno federal. Una de las obligaciones de todos los órdenes de gobierno es acercar los servicios a todos los ciudadanos. Primero fueron algunas delegaciones federales como el Sistema de Administración Tributaria, la Procuraduría Federal del Consumir (Profeco), la Secretaría de Economía y ahora la oficina del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República.
Es importante, como ciudad fronteriza, dijo, garantizar el acceso a la justicia a los habitantes de Acuña y a sus visitantes. Y refirió el artículo 17 Constitucional que establece el derecho a la justicia.
¿De qué manera se garantiza si uno hay una autoridad investigadora cercana a la población que vive en las Ciudad y en los ejidos aledaño?, cuestionó.
“Hoy sabemos a través de la Barra de Abogados de Acuña y de la propia Delegación Federal que dicha institución se mueve a Piedras Negras bajo los argumentos de austeridad sin pensar en las consecuencias de prescindir de dicho servicio para la comunidad acuñense”, comentó.
El Ministerio Público Federal que de acuerdo a los artículos 127 y 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público conduce las investigaciones, coordina a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resuelve sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y ordena las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.
El legislador del Primer Distrito destacó que el Ministerio Público Federal de Acuña a Piedras Negras no solo limita el acceso a la justicia de los acuñenses, sino que además genera gastos económicos y humanos no solo para las victimas e indiciados y sus familias, sino de los litigantes y de autoridades de procuración de justicia; poniendo inclusive en riesgo la integridad física de todos ellos que deben trasladarse por carretera para litigar y atender asuntos ante dicha autoridad judicial.
El tema dijo es relevante porque ha habido postura de Diputados Federales y propio Cabildo del Ayuntamiento de Acuña que también aprobó solicitar al Delegado de la Fiscalía General de la Republica en nuestro Estado la reinstalación de la oficina del Ministerio Público Federal en dicha Ciudad, además de autorizar el brindar el apoyo con el arrendamiento del inmueble y el pago del salario de hasta dos personas para dicha dependencia.